*Víctimas hacen un llamado a la Fiscal General del Estado y la Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, para erradicar este tipo de actos en la impartición de justicia veracruzana.

Veracruz, Ver.- Víctima de abuso sexual denunció de manera anónima, la, mala actuación del juez Marco Antonio N de la Ciudad de Veracruz, por encubrir de manera irresponsable al presunto culpable, asegura que el Juez otorga al imputado plazos excepcionales de suspensión de las audiencias del juicio, ignorando las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, dejando sin justicia pronta y expedita a la víctima de identidad resguardada 173/2020 quien sufrió un ataque sexual.

Se trata del Juicio Penal 91/2023, que surge del proceso penal 151/2022, lo cual resulta que a la fecha, por las disposiciones autoritarias del juez, Marco Antonio N; resulta que la víctima no puede obtener justicia e incluso por la violación de los plazos procesales podría resultar en la impunidad del agresor sexual porque la extensión de los plazos previstos en el Artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales podría producir la nulidad de todo el juicio y con ello la libertad absoluta y la impunidad de quien violentó en su integridad sexual a la víctima 173/2020.

La joven violentada sexualmente, hizo un llamado a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giádans, y a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo que los juzgadores continúan violentando a las mujeres, con el fin de proteger sus puestos.

“Es increíble que después de comprobar la violencia sexual de que fui objeto, ahora debido a la complicidad del Juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, mi agresor esté a punto de salir de la cárcel, donde quedan mis derechos, quien castiga la violencia y ahora será posible que mi caso sea otro más que quede en la impunidad, por eso hago el llamado a la Fiscal General del Estado y la Presidenta del Tribunal”.

Resaltó que el Juez, Marco Antonio Rodríguez Lobato ya tiene más de cuatro quejas por autoritarismo, que han sido públicas en medios de comunicación, y que aún no se toman medidas en su contra y peor aún lo mantienen despachando en el puerto de Veracruz.

“Hasta cuándo se va permitir que este tipo de jueces dicten sentencias en Veracruz, las mujeres merecemos justicia y es lamentable que estos nieguen el acceso a nuestros derechos” Sentenció la víctima.

*OTRO CASO EN COATZACOALCOS*


En el extremo sur del estado, en Coatzacoalcos, otro Juez similar, Marko Antonio Rodríguez Ventura, validó el día 12 de marzo, violenta tortura que elementos de la Fuerza Civil cometieron presuntamente en contra de Graciela “N”.
El día 16 de Julio del 2021, Graciela viajaba de Veracruz hacia su lugar de origen, Coatzacoalcos, en compañía de su hermano y sus hijos menores.

En la caseta de Acayucan, la intercepta la Fuerza Civil, y sin razón alguna la detiene a ella, a su hermano y a sus menores hijos y de allí la trasladan a una instalación policial y la torturan a ella y a su hermano casi hasta la muerte, provocando lesiones múltiples, como estallamiento de estómago, hematomas en todo el cuerpo, una lesión de columna y, al día siguiente, 17 de Julio los oficiales de Fuerza Civil “inventan” la historia de que ella y su hermano atacan a los policías en un paraje desolado de Minatitlán y la ponen a disposición del Fiscal 6 de Minatitlán, en ese momento Ángel Isidro Luis , es quien inicia la supuesta carpeta de investigación MIN/DXXI/F6/701/2021.

Cuando la recibe el citado fiscal toda golpeada, Graciela denuncia la tortura ante ese mismo fiscal quien le dice “TU NO ESTAS GOLPEADA” pero a pesar de todo inicia la carpeta de investigación MIN/DXXI/F6/707/2021, por tortura.

A pesar del hecho de que según la Ley General para prevenir el delito de tortura indica que esas denuncias deben ser atendidas por un fiscal diverso y realizarse el que se conoce como Protocolo de Estambul y los dictámenes médicos y psicológicos especiales cuando existe sospecha de tortura, en la Fiscalía se produce un cambio en el cual asume la Fiscalía 6 el Lic. Luis Ángel Guzmán Guzmán, quien no ordena estudio alguno, y poco después archiva la carpeta de investigación sin atender los requerimientos de Graciela, cruelmente torturada (puede verse parte de las lesiones en la imagen del parte del dictamen de lesiones firmado por perito médico de Fiscalía General del Estado de Veracruz).

No conforme, el Licenciado Luis ángel Guzmán Guzmán, sigue adelante con el caso “inventado” por los elementos de Fuerza Civil para encubrir la tortura y, en contubernio con el Juez Marko Antonio Rodríguez Ventura, deciden condenar a la víctima Graciela “N” por el supuestos delito de ataques a las Instituciones de Seguridad Púbica a la pena de 7 años 10 meses de prisión.
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Sin embargo a pesar de que el Juez conoce de la existencia de la tortura en contra de Graciela “N”, decide ignorar ese hecho y toma las versiones del Fiscal como válidas a pesar de las múltiples lesiones que está certificado que Graciela sufrió al ser detenida sin razón alguna.

Por lo anterior, y en ambos casos prevalece la impunidad y resultan violentados los derechos de las mujeres en la entidad veracruzana, las victimas coinciden que resulta reprobable que los jueces Marco Antonio Rodríguez Lobato de Veracruz y el Juez Marko Antonio Rodríguez Ventura de Coatzacoalcos, gocen del respaldo de la la FGE Y del TSJ para hacer sus fechorías.

Según los dos caso la Fiscal General estaría consintiendo que sus fiscales oculten hechos de tortura en contra de las mujeres y se les acuse de delitos para cubrir a fiscales y a la Fuerza Civil, aunque lo lamentable es que encubrir o no verificar el tratamiento de las denuncias de tortura, según la propia Ley General para prevenir la tortura indica que los superiores jerárquicos son responsables en caso de falta de supervisión, lo que implica que la propia VERONICA HERNANDEZ GIADANS podría ser acusada de tortura si no toma cartas en el asunto.

De igual manera la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magda. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, podría ser imputada del mismo delito de tortura al consentir que sus jueces, dicten prisión a mujeres torturadas de las cuales no se ha avanzado la investigación por culpa de la propia inactividad de la Fiscalía, que, en realidad resulta en encubrimiento, ya que tres años de demora y el archivo de la carpeta de investigación no son una simple negligencia, asegura la victima hoy en prisión.

La mujer violentada sexualmente y Graciela “N” recluida indebidamente dijeron que es hora de que, al menos la Magistrada Presidenta y la Fiscal General del Estado si no quieren ser parte de tortura y autoritarismo, sancionen a los Fiscales y los Jueces, los investiguen, los suspendan de sus puestos, y de ser necesario los procesen penalmente por los delitos que encubren o por los abusos de autoridad que cometen en ejercicio de sus funciones.

Dijeron que es momento de que se haga justicia para la víctima por abuso sexual 173/2020 y Graciela N, entre tantos otros casos de autoritarismo y encubrimiento que ocurren a diario en Veracruz, hicieron un llamado a los colectivos feministas para reclamar estas violaciones, con fiscales encubridores y jueces, ya que si todo sigue así, jamás habrá justicia para las mujeres.