La reforma que se plantea al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) beneficiará la adquisición de vivienda de interés social ya que plantea que el instituto pueda construir y financiar la producción de vivienda e implementar un esquema de arrendamiento, explicó Sergio Lavalle Garcés, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi) en Veracruz.
Se menciona la construcción de un millón de viviendas, pero además el fortalecimiento de las políticas de planeación territorial permitirá alcanzar a corto plazo un modelo de vivienda sostenible en los próximos años.
“Hay una propuesta de ley en donde se solicitan cambios en el Infonavit, que están muy interesantes. Se habla de construir vivienda y un proceso de arrendamiento que de vivienda adjudicada .
Apenas está en el Congreso siendo analizada y todo indica que sí se va a aprobar. Es algo que va a impulsar a muchísima gente, sobre todo para poder adquirir vivienda de nivel social”.
En la propuesta de reforma se contempla la posibilidad de retornar la labor del Infonavit como
constructora de viviendas adecuadas para la venta, así como ofrecer alquiler social en edificios de la propiedad pública, entendiendo esto como una renta asequible a la mayoría de la población, que diversifica las formas de acceso a la vivienda social mediante el reúso de propiedad abandonada y subutilizada, que amplía las opciones de acceso a la vivienda para las y los ciudadanos.
“Todas las personas que compran casas tienen un beneficio y lo importante es que tengas una propiedad que esté perfectamente constituida. Sabemos los casos de los fraccionamientos aquí en Veracruz que no están entregados municipalmente y el Infonavit está haciendo una reforma para involucrarse más y no permitir la comercialización de viviendas sin municipalizar”.
Lavalle Garcés explicó que dentro del estudio realizado por el Infonavit como parte de la propuesta de reforma, encontró que existen barreras económicas y estructurales que limitan la capacidad de la población de menores recursos para adquirir o alquilar viviendas en áreas bien situadas. Estas barreras no solo obedecen a carencia de recursos financieros suficientes, sino también a la falta opciones justas y asequibles.
Existe relación directa entre la calidad de la vivienda, su ubicación y la disponibilidad de los servicios esenciales para la población de bajos recursos.
El alquiler social genera una buena opinión como alternativa de solución ante el rezago de vivienda, pues resuelve varios escenarios en los que la población no puede acceder a un inmueble adecuado, ya sea por el costo, la falta de documentos, seguridad social o sólo porque no se desea adquirir una deuda a largo plazo. Acceder a una vivienda céntrica no es sólo una cuestión de cambio de ubicación, sino que coadyuva al ejercicio del derecho a la ciudad.