Diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña.
Fiel a su visión de encabezar acciones contundentes en el corto plazo, para asegurar el bienestar de los mexicanos, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación y firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, una estrategia que forma parte del plan hídrico al que se destinarán 20 mil millones de pesos.
Esta acción, al igual que otras que impulsa nuestra presidenta, tienen gran repercusión en la vida de todos los ciudadanos y responde a una situación que a nivel global han venido externando muchos investigadores en el tema, al señalar la necesidad de que el agua que se extrae de la naturaleza debe de ser considerada por ende como un bien común de la población y su acceso debe de ser gestionado por el Estado.
El propósito de la Dra. Sheinbaum es que se deje de lucrar con el vital líquido como si fuera una mercancía y que se vea como lo que es, un derecho de los Mexicanos, en este caso. Esto implica cambiar una visión neoliberal que definitivamente estaba equivocada en este rubro, en la que se concebía que el agua debería de estar al acceso de quien podía pagarla, para dar paso a otra que privilegia el bienestar de la población, ubicando a la gestión del Preciado líquido, como una herramienta de los derechos humanos simplemente y no de una que debe de utilizar “estándares y parámetros económicos” para su distribución.
Este reconocimiento del agua como un bien común, resulta necesario ante el complicado panorama que a nivel mundial se vive y que empieza a dejar ver ya una inminente escasez, como consecuencia de la sobrepoblación que estamos sufriendo desde hace ya varias décadas y que ha condicionado, entre otras delicadas situaciones, a la migración que también afecta ya prácticamente a todo el mundo.
Es por eso que el Estado debe de encabezar todos los esfuerzos necesarios para que se asegure el que la población en un futuro tenga un consumo asegurado, como parte de un derecho universal. Sin lugar a dudas esto no será tarea fácil e implica la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, pero un buen inicio es la gestión que el ejecutivo pueda hacer, para que se determine el derecho al agua que todos debemos de tener por el simple hecho de vivir en nuestro país.
Definitivamente todo esto implicará también el “educar” a la población para su correcta utilización, cuidar adecuadamente todos los sistemas acuáticos para evitar descargas nocivas y utilizar los recursos necesarios para modernizar las estructuras encargadas de captación, tratamiento y distribución de un recurso sin el cual simplemente no es posible vivir. Ese es el nivel de importancia que nuestra Presidenta le está dando al tema y es sin lugar a dudas uno que trataremos en la legislatura de Veracruz, desde la Comisión de agua potable y saneamiento, de la cual también formamos parte orgullosamente.