En los últimos meses se han hecho señalamientos muy delicados en contra de la Universidad del Conde y del Instituto de Estudios Superiores en Medicina, ambas radicadas en la capital del Estado. Esto ha sucedido en el espacio de la conferencia “Mañanera” de la presidencia. Al respecto platicamos con el abogado de ambas instituciones educativas, Lic. Raúl Mendoza, para que nos diera una actualización de esta situación y esto fue lo que nos comentó:
“En diversas ruedas de prensa de la presidencia de la república, conocidas como “la mañanera”, se han mencionado a la Universidad del Conde (UDC), al Instituto de Estudios Superiores en Medicina (IESM) y a Marco Antonio Conde. Estas menciones han sido realizadas por la reportera Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones, quien ha pedido el cierre de estas instituciones, alegando que sus egresados han estado involucrados en casos de muertes por supuesta mala praxis.
Es importante aclarar que se han promovido juicios de amparo contra la presidencia de la república y otras autoridades federales para confirmar si existen acciones en su contra. Hasta ahora, la presidencia ha informado que no ha expresado nada en contra de estas instituciones y que las afirmaciones provienen exclusivamente de la reportera Sandra Aguilera.
Por este motivo, se presentó un juicio civil por daño moral contra la mencionada reportera, el cual está en proceso. Hasta el momento, no se han presentado datos ni estadísticas que respalden sus acusaciones. Cabe destacar que sus señalamientos se centran en una supuesta mala praxis quirúrgica, sin especificar casos concretos y desconociendo que los egresados de la UDC no tienen como perfil profesional la práctica quirúrgica.
Además, Sandra Aguilera ha afirmado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria contra estas instituciones. Sin embargo, lo que realmente se emitió fue un aviso de riesgo, que no incluye estadísticas ni casos específicos que justifiquen sus declaraciones. Este aviso aborda aspectos educativos que exceden las atribuciones de Cofepris, por lo que ya se han interpuesto juicios de amparo al respecto.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recomendado a Cofepris retirar del comunicado los nombres de las instituciones, señalando que estas acciones vulneran los derechos humanos de los egresados y de las instituciones mismas. A pesar de esta recomendación, en un acto de rebeldía, no se han retirado.”
Otro de los temas que ha mencionado Sandra Aguilera en la Mañanera tiene que ver con la falta de validez de Los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Universidad del Conde (UDC) y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina (IESM), y en este sentido Mendoza comentó: “son completamente válidos, ya que fueron emitidos por la autoridad educativa competente antes de la reforma a la Ley General de Educación de 2019. Antes de esa reforma, todos los estados de la república podían otorgar RVOE en materia de salud, no solo la federación como sucede actualmente. Por lo tanto, los RVOE emitidos por los estados antes de 2019 tienen plena validez en todo el país.
Un argumento utilizado para generar confusión es que las Opiniones Técnico-Académicas (OTA) que respaldan los RVOE de la UDC y el IESM no están vigentes debido a la reforma de 2019. Sin embargo, es importante aclarar que estas OTAs fueron emitidas antes de dicha reforma, y la ley no puede aplicarse de manera retroactiva. Además, estas OTAs no tienen una vigencia definida, ya que no hay ninguna disposición legal previa a 2019 que indique lo contrario. Solo a partir de esa reforma se estableció que las OTAs tendrían una vigencia de 5 años, lo cual no aplica en este caso. Este asunto es actualmente materia de un juicio de amparo, y el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Salud (CFRHS) federal ha reconocido que las OTAs se emiten por única ocasión y no tienen vigencia limitada.
Otro aspecto que ha causado confusión es la creencia de que los RVOE estatales no tienen efectos federales. Es necesario precisar que, en 2007 y 2014, cuando el IESM y la UDC obtuvieron sus RVOE para impartir las maestrías que tienen autorizadas, la ley permitía que estos documentos fueran emitidos por autoridades estatales, otorgándoles plena validez nacional. Incluso, las cédulas profesionales correspondientes son emitidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública federal, lo que confirma que tanto los estudios como las cédulas tienen validez en todo el país.
En cuanto al origen e intenciones de los señalamientos de Aguilera en contra de la UDC y el IESM, el abogado Mendoza comentó: “A lo largo de los años, se ha presentado una confrontación entre los gremios de especialistas en Cirugía Plástica y Reconstructiva y los Cirujanos Estéticos. Los primeros argumentan que únicamente ellos están capacitados para ejercer la cirugía estética, destacando que acceden a su formación a través del Sistema Nacional de Residencias Médicas, mientras que los segundos obtienen su formación mediante una maestría impartida en instituciones privadas.
Es importante señalar que el Sistema Nacional de Residencias Médicas en México enfrenta limitaciones en su capacidad de admisión. Esta situación no siempre está relacionada con los resultados del examen de selección, sino con la falta de infraestructura y recursos en las instituciones públicas de salud. Ante esta problemática, programas como los de la Universidad del Conde (UDC) y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina (IESM) surgen como opciones para aquellos médicos interesados en profesionalizarse en cirugía estética.
En México, las cédulas de los especialistas en Cirugía Plástica y Reconstructiva son emitidas por la Dirección General de Profesiones bajo la denominación oficial de “Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva”, sin incluir la palabra “estética”. Por otro lado, los egresados del IESM, al concluir la Maestría en Cirugía Estética, obtienen cédulas profesionales que sí incluyen explícitamente el término “estética”. Esta diferencia ha sido motivo de disputa, ya que los cirujanos plásticos argumentan que tienen exclusividad sobre los procedimientos estéticos, pese a que legalmente no poseen esta denominación en sus cédulas.
Cabe destacar que en las instituciones públicas de salud, como IMSS, ISSSTE e ISFAM, no se realizan procedimientos estéticos voluntarios debido a la alta demanda de intervenciones necesarias por enfermedad. Esto incluye la enseñanza de procedimientos como liposucciones o colocación de implantes, los cuales están prohibidos por las reglamentaciones internas de estas instituciones. En consecuencia, dichos procedimientos solo se realizan en el ámbito privado.
En 2015, líderes del gremio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos emitieron declaraciones públicas que desacreditaban a los Maestros en Cirugía Estética, calificándolos como incompetentes y deslegitimando su formación académica. Estas afirmaciones provocaron una acción legal por parte del gremio de Cirujanos Estéticos, resultando en un juicio civil llevado a cabo en la Ciudad de México.
En dicho juicio, los tribunales obligaron a los líderes del gremio de Cirujanos Plásticos a retractarse públicamente de sus declaraciones. La resolución incluyó la publicación de una disculpa formal en la revista “Momento”, a nivel nacional, donde se aclaró la validez de los estudios y cédulas de los Maestros en Cirugía Estética.
El aumento mundial de los procedimientos estéticos ha intensificado los intereses económicos y las tensiones entre gremios. Sin embargo, más allá de estas disputas, es fundamental que las autoridades promuevan la regulación y verificación de competencias, garantizando que únicamente profesionales debidamente capacitados, ya sean especialistas en Cirugía Plástica o Maestros en Cirugía Estética, realicen estos procedimientos. Asimismo, debe combatirse la práctica de individuos sin formación médica adecuada que ponen en riesgo la seguridad y salud de los pacientes.”
También se le preguntó al Lic. Mendoza sobre si los egresados de ambas instituciones pueden trabajar con el título y cédula que se les entrega y al respecto comentó que:
“Los médicos que cursan una Maestría en Cirugía Estética lo hacen mediante un programa de estudios autorizado por las autoridades educativas competentes. Dicho programa establece un perfil de egreso que habilita a los egresados para realizar procedimientos específicos conforme a su formación, respaldados legalmente por la cédula profesional que obtienen de la Dirección General de Profesiones del Gobierno Federal.
La Ley General de Salud regula la realización de procedimientos quirúrgicos, estableciendo que estos deben ser llevados a cabo por especialistas. Sin embargo, no otorga exclusividad sobre las cirugías estéticas a ningún grupo profesional en particular. Esto significa que los egresados de la maestría, al contar con una cédula profesional que los acredita como Maestros en Cirugía Estética, tienen pleno derecho de ejercer su práctica profesional dentro de los límites establecidos por su formación académica y legal.
Las autoridades competentes han señalado que la especialidad médica y la maestría académica no son grados de estudio comparables. Cada una responde a perfiles y objetivos distintos, permitiendo a sus egresados ejercer conforme a las competencias adquiridas en sus respectivos programas.
En este contexto, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva aclaró, en una respuesta dirigida al Presidente del Colegio de Profesionistas con Maestría en Cirugía Estética de México, que dicho consejo no puede certificar a los egresados de la maestría, ya que su ámbito de certificación es exclusivamente para especialistas en cirugía plástica.
El hecho de que las cédulas profesionales para los Maestros en Cirugía Estética sean emitidas y registradas por la Dirección General de Profesiones refuerza la legitimidad de su ejercicio profesional. Esta acreditación no solo valida la formación académica recibida, sino también delimita los procedimientos que pueden realizar, garantizando que operen dentro de un marco legal y ético.
Este reconocimiento ha sido clave para que los egresados de las maestrías en cirugía estética puedan ofrecer servicios en el sector privado, cubriendo una necesidad del mercado y complementando los procedimientos realizados por otros profesionales de la salud.”
Para finalizar también se le preguntó al Abogado sobre la supuesta tardanza en la entrega de documentos de dichas universidades a sus egresados y concluyó comentando que: “Recientemente, diversas instituciones educativas han enfrentado revisiones administrativas que han derivado en intentos de sanción y han generado una clara tendencia hacia la afectación de sus labores educativas. Estas acciones han provocado retrasos significativos en los trámites administrativos, particularmente en la emisión de cédulas profesionales para sus egresados.
Para proteger su derecho al desarrollo educativo y administrativo, las instituciones han recurrido a mecanismos legales como juicios de amparo y juicios administrativos, buscando que las autoridades educativas del estado de Veracruz reanuden y den continuidad a los trámites pendientes.
El retraso en la emisión de cédulas profesionales afecta no solo a las instituciones, sino también a los estudiantes y egresados que dependen de este documento para ejercer su profesión de manera legal y adecuada. La interrupción de estos procesos compromete la calidad y credibilidad de la educación en la región.
Es fundamental que las autoridades competentes actúen con imparcialidad y eficiencia para garantizar que los trámites se realicen en tiempo y forma, permitiendo que las instituciones educativas continúen contribuyendo al desarrollo profesional de los ciudadanos.
Tanto UDC como IESM han cumplido con todos los requerimientos solicitados por la SEV en tiempo y forma para garantizar que el trámite siga su proceso sin contratiempos.”