Veracruz, Ver.- Antonio del Río Argudín, víctima de tortura en el penalito de Veracruz, alzó la voz este día para exigir justicia y denunciar la omisión de las autoridades estatales en la investigación de su caso. Durante su declaración, destacó la importancia del Protocolo de Estambul, un instrumento avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para documentar y sancionar la tortura.
“El Protocolo de Estambul es un llamado a la justicia en un estado donde la justicia es selectiva”, señaló del Río Argudín, quien ha enfrentado numerosos obstáculos en su lucha por probar las violaciones a sus derechos humanos. En su declaración, acusó directamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de ser omisa e ineficiente en la investigación de su caso y denunció la protección al exdirector del penalito, Iván Márquez Lucido, a quien señala como responsable de actos de tortura.
El también activista hizo un llamado al diputado Héctor Yunes Landa, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Veracruz, para que intervenga y asuma su responsabilidad en la atención de las víctimas de tortura. “Es hora de que se tomen medidas concretas para erradicar la tortura y la impunidad en el estado. Los veracruzanos estamos cansados de discursos vacíos que solo buscan negociar el poder”, subrayó.
En un estado señalado por recurrentes violaciones a los derechos humanos, el Protocolo de Estambul representa una herramienta esencial para garantizar investigaciones imparciales y sanciones a los responsables. Del Río Argudín urgió a las autoridades estatales y federales a actuar de manera efectiva para garantizar justicia, señalando que la impunidad solo perpetúa las prácticas de tortura y maltrato.
El caso de Antonio del Río Argudín se suma a una serie de denuncias que exigen justicia y la implementación efectiva de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos en Veracruz. Su lucha evidencia la necesidad urgente de atender las demandas de las víctimas y construir un sistema judicial que actúe con transparencia y responsabilidad.