Xalapa, Veracruz.- En una reunión clave para la defensa de los derechos humanos, Antonio del Río Argudín sostuvo un encuentro con el diputado Héctor Yunes Landa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Durante la reunión, Del Río Argudín expresó su confianza en que la justicia prevalecerá en su caso, relacionado con actos de tortura que fueron perpetrados por el gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García Jiménez.
Del Río Argudín, quien fue un crítico constante de la pasada administración estatal, agradeció al legislador priista por su disposición y compromiso con los derechos humanos. “Hoy tuve una grata reunión de trabajo con el Diputado Héctor Yunes Landa, sin duda alguna un hombre preocupado y ocupado por los derechos humanos de los veracruzanos. Estoy convencido de que la justicia llegará de la mano de hombres dispuestos a proteger a los ciudadanos”, señaló.
El caso de Del Río Argudín está documentado en el expediente 3VG/CEDH/DAP/0303/2022, en el que se detalla la denuncia por tortura que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Durante el encuentro, se abordó la importancia de que este caso no quede impune y que la CEDH emita una recomendación formal al gobierno de Veracruz para que se tomen las medidas correspondientes.
“Gracias, diputado Héctor Yunes, por atender a un veracruzano perseguido y torturado por un gobierno infame”, añadió Del Río Argudín, visiblemente emocionado.
Por su parte, Héctor Yunes Landa reiteró su compromiso de trabajar en favor de los derechos humanos y aseguró que seguirá acompañando este caso hasta que se garantice justicia. “Los derechos humanos no son negociables. Mi labor como legislador es velar por que se respeten y se haga justicia, sin importar quién sea el responsable”, afirmó.
El caso de Antonio del Río Argudín representa un desafío para las instituciones estatales en un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en Veracruz. La reunión con Yunes Landa marca un paso importante en la búsqueda de justicia y pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades estatales rindan cuentas ante denuncias tan graves como la tortura.